Guatemala, 12 de diciembre de 2025.- El presidente Bernardo Arévalo encabezó hoy el acto de disculpa pública en el caso de la familia Pérez Lucas contra el Estado de Guatemala, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La institución dictó sentencia el cuatro de septiembre de 2024, en la cual declaró responsable al Estado guatemalteco “por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, y sus familiares”.
La también denominada Corte Interamericana determinó los daños sufridos por las víctimas “en el marco del conflicto armado interno que tuvo lugar en el territorio guatemalteco”, que se prolongó por 36 años y concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz.
“El Estado falló. Y por eso, en mi calidad de presidente” y de “representante del Estado, pido disculpas públicas a los familiares” de las víctimas, por desaparición forzada de estos activistas y “por la posterior denegación de justicia”.
El mandatario dejó claro “que esta disculpa pública implica fundamentalmente un compromiso de no repetición” de un caso como este.
A las autoridades de un país corresponde tomar las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado, para aliviar el dolor de las víctimas y de sus familias.
“Pero, sobre todo, para asegurar que nunca más el gobierno use la fuerza en contra de quienes ejercen sus derechos y trabajan por el bien común. Ese es el sentido profundo del acto público del que participamos el día de hoy”, enfatizó.
Activistas tratados de manera cruel e injusta por el Estado
En una ceremonia en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Arévalo recalcó que el acto de las disculpas públicas, especialmente “conlleva el compromiso fundamental de la no repetición”.
Dijo que el grupo de defensores de los derechos humanos, quienes “actuaron en defensa de sus familias y de sus comunidades”, fueron “tratados de manera cruel y de manera injusta” por el Estado guatemalteco.
Enfrentaron un Estado “que los persiguió y finalmente los hizo desaparecer por haber alzado su voz en defensa de los derechos” de sus familias, de sus comunidades.
En su intervención, aseveró que en este caso que afectó a defensores de los derechos humanos “el Estado ha fallado y ha faltado a sus funciones fundamentales”.
El mandatario expuso que “los familiares de estas personas han sufrido en su intento por conocer la verdad”.
“Les fue negada la justicia no solo a ustedes, sino a sus comunidades y al país, al conjunto de la sociedad”, puntualizó.
El presidente Arévalo dijo que el Estado y sus instituciones existen para proteger a las personas”.
Sin embargo, en este caso “el Estado de Guatemala incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como de llevar adelante la búsqueda de estos defensores de derechos humanos”.
En el acto protocolario, el presidente de la República y el titular de la Comisión por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Elvyn Díaz, firmaron el acuerdo de disculpa pública.
La Corte Interamericana estableció que Pérez Lucas, Mateo, Pú Chivalán y Ruiz Luis “fueron amenazados y perseguidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado con motivo de las actividades que desarrollaban en la defensa de los derechos humanos”,
El grupo de defensores de los derechos humanos “fueron víctimas de desaparición forzada por parte de integrantes del Ejército de Guatemala”, indicó la institución que no estableció en que fechas se registraron los hechos.
