Guatemala, 19 de agosto de 2024.- El presidente Bernardo Arévalo afirmó hoy que los guatemaltecos enfrentan uno de los mayores escándalos de corrupción con el llamado caso B-410 de evasión fiscal y dijo que su gobierno apoyará las investigaciones a fin de que se castigue a los responsables.
“Como gobierno, comprometido seriamente con el combate contra la corrupción, tomaremos las acciones pertinentes por las implicaciones que esta red de defraudación tiene para el erario y los bienes del pueblo de Guatemala”, recalcó.
Destacó que la Procuraduría General de la Nación, “conforme a su mandato constitucional, tomará las medidas pertinentes para defender los intereses del Estado y contribuir a que las investigaciones lleven a los responsables de esta situación, de este fraude fiscal, ante la justicia”.
“No toleraremos que estas minorías corruptas que robaron a nuestro pueblo queden impunes”, reiteró.
En rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, dijo que el gobierno respalda “el trabajo serio y técnico” llevado a cabo por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que permitió “develar esta estructura” de corrupción.
Consideró que el caso, recién denunciado por la SAT, “es el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos en nuestro país”, basado en “una estructura diseñada para asignar contratos con el Estado, con el objetivo de evadir impuestos y producir un enorme daño a las finanzas y servicios que brinda el Estado de Guatemala”.
El presidente Arévalo indicó que “la estructura del caso B-410 fue diseñada y ejecutada durante el gobierno anterior con el fin de enriquecer a unos pocos”, y “en esencia, confirma y comprueba lo que hemos señalado: La corrupción fue el sistema operativo del Estado en ese momento”.
Enfatizó que “fueron tan insaciables los amigos de lo ajeno que querían la corrupción libre de impuestos”.
Contra las estructuras de corrupción
Advirtió que “aún hoy no estamos libres de estas estructuras”, por lo que se instruyó a la Comisión Nacional contra la Corrupción para que realice “la revisión exhaustiva de los contratos de las empresas referidas con el Estado, así como el desarrollo de nuevos protocolos de compras y regulación en materia de beneficiarios finales”. El propósito “es que esta historia nunca más se repita”.
Dijo que “dada la gravedad y la urgencia de este caso, nos comprometemos a generar un monitoreo periódico para mantener informada a la población sobre nuestros hallazgos, sin importar quién caiga”.
El presidente Arévalo afirmó que el Ministerio Público (MP), en vez de enfocar sus capacidades “en hostigar y criminalizar a quienes consideran sus enemigos políticos”, debería de “perseguir a los implicados que le han provocado un serio daño a las aspiraciones de desarrollo del país”.
En el caso B-410, “lo presentado por la SAT es, sin duda, la punta del iceberg y seguramente hay muchos más esqueletos en el closet que tarde o temprano se destaparán”, subrayó.
Se refirió también “a las acciones que el Ministerio Público ha emprendido en contra de funcionarios de este gobierno y, las más recientes, en contra de Ligia Hernández”, directora del Instituto de la Víctima, en prisión, procesada por una denuncia del MP.
“Es más que evidente que, en esta coyuntura oscura a la que las minorías corruptas han llevado al país, Ligia Hernández representa uno de los intentos de Consuelo Porras y de Fredy Orellana (juez) por desestabilizar al Gobierno”, denunció el presidente Arévalo.
Sostuvo que “esa minoría corrupta incrustada en el Ministerio Público y en el sistema de justicia corre contra el sentir general del pueblo, contra el tiempo, y queda cada vez con menos apoyos políticos que la protejan”.
